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México cancelaría 25 millones de celulares no registrados


El Gobierno mexicano informó hoy que alrededor de 25 millones de teléfonos móviles pueden ser cancelados a partir del próximo sábado por no estar dados de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) por el que se busca atajar al crimen organizado.

Un informe divulgado este jueves por la Comisión Federal de Telecomunciaciones (Cofetel) indica que hasta ayer se habían registrado 54.7 millones de teléfonos móviles, del total de 83.5 millones que operan en el país, cifra que supone el 66% de los aparatos que hay en México.

“Por Ley, el sábado a la medianoche, todos los teléfonos móviles que hay en México -ya sean líneas de prepago o pospago- deberán estar dados de alta en el Renaut, pues de lo contrario, la línea será suspendida sin ninguna responsabilidad por parte del proveedor de servicios”, aseguró la Cofetel.

El registro de celulares se elevó de manera acelerada en los últimos 23 días después de que el Gobierno recordó que el plazo para el registro comenzó el 10 de abril de 2009 y concluye este sábado.

La Cámara de Diputados aprobó hace unas semanas una reforma a la ley de Telecomunicaciones para extender el plazo para el registro durante un año más, sin embargo, esta semana el Senado rechazó la enmienda con el beneplácito del Ejecutivo.

Las autoridades acordaron elaborar un registro de teléfonos celulares como una de las medidas para frenar las extorsiones, secuestros y otros delitos que se cometen mediante el uso de estos teléfonos, informó la agencia de noticias EFE.

Según datos de organismos civiles, entre 2001 y 2007 en Ciudad de México se realizaron 200 extorsiones diarias mediante teléfonos celulares, de las cuales se pagó rescate en el 37 por ciento de los casos.

Las compañías que ofrecen el servicio de telefonía móvil deben conservar durante un año la información de cada cliente, en la cual se incluye, además, el registro de llamadas y mensajes que salgan o entren en los móviles.

Esta información puede ser utilizada por las fiscalías en caso de investigaciones de delitos de extorsión, amenazas o secuestros.

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