16 septiembre, 2009
Los principales operadores de telecomunicaciones de México se posicionaron en contra de la aplicación del 4% de impuesto a los servicios que ofrecen, por considerar que va en contra del desarrollo de la industria y de la integración de la población mexicana a la cultura digital.
Ese gravamen de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) afectaría de forma directa a los consumidores, quienes ya pagan un 15% por impuesto al valor agregado (IVA), y que también tendrían que pagar 2% del llamado impuesto para la pobreza, que propuso Hacienda para todos los productos y servicios.
La protesta está encabezada por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) a la que están afiliadas sobre todo empresas de telefonía fija y móvil; y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Trunking (radiocomunicaciones para flotillas) (Amcot), a las que se les sumaría el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Por otro lado, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) se manifestó en contra del proyecto de separación contable propuesto por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), por considerar que los criterios son arbitrarios y que el órgano regulador se excede en sus atribuciones, además de que representa gastos adicionales para los operadores.
La intención de establecer un manual de separación contable radica en evitar que los operadores apliquen subsidios cruzados a sus productos, lo que genera una alteración en el mercado y competencia desleal.
En la Canitec se agrupan las principales empresas cableras, que son las únicas que hasta el momento tienen la posibilidad de ofrecer triple play en el país –televisión, telefonía e Internet–, y que resultarían más afectadas por la medida, debido a que tendrán que dar a conocer los precios e ingresos de cada uno de los servicios que ofrecen, pero de forma individual, con lo que se haría transparente la aplicación o no de subsidios cruzados.
