4 septiembre, 2009
Tras ocho horas de un intenso debate, el plenario de comisiones determinó que la semana próxima se iniciará el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales girado por el Poder Ejecutivo.
El Frente para la Victoria logró que el plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Presupuesto y Comunicaciones aprobara la propuesta de realizar tres audiencias públicas semanales -comenzarán el martes próximo a las 10:00- y sin ningún límite en cuanto a su cantidad.
El diputado del FpV y titular de la Comisión de Comunicaciones, Gustavo Marconato, invocó el artículo 114 bis del reglamento del plenario que habilita la convocatoria de audiencias públicas, que permiten un debate abierto más allá de los legisladores. Este será, en principio, uno de los dos marcos de discusión.
Paralelamente, el mismo plenario de diputados que se reunió el jueves por la tarde volverá a verse las caras el viernes 11 de septiembre con la misión de avanzar con el debate parlamentario puro.
Así, el tratamiento en el Congreso del proyecto se canalizará por dos institutos distintos: a partir del martes, las audiencias públicas (que de la cantidad de expositores que se inscriban dependerá cuántas serán), y desde el viernes las reuniones de las comisiones.
En cambio, la oposición pretendía realizar siete audiencias públicas a partir del mes de noviembre, según lo aprobó antes del plenario la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la diputada radical Silvana Giudici.
De esa manera, la demora podía implicar que fuera el nuevo Congreso, en el que el kirchnerismo ya no tendrá la mayoría parlamentaria, el que votara el proyecto de la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero finalmente se frustró ese intento.
En otra propuesta para dilatar el inicio del debate, el titular del bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo, propuso que primero los jefes de los partidos en la Cámara “unificaran criterios”. Tampoco prosperó.
A todo esto, el bloque de Solidaridad e Igualdad y Proyecto Sur hicieron las veces de mediadores entre las partes en la sala, para agilizar la definición sobré cómo se iba debatir la ley y partir de cuándo, lo que ya quedó resuelto
El Debate
Las discusiones y la tensión marcaron el comienzo del plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión, que arrancó pasadas las 10 del jueves y se prolongó hasta más allá de las 18.
Las principales diferencias giraron en torno a la presencia de Gabriel Mariotto. Los legisladores oficialistas logaron que el titular del Comfer sea el primero que tomara la palabra, mientras que los opositores querían escuchar en primer término las distintas posturas de los diputados.
Mariotto dijo hoy que “la ley no pretende revisar las licencias cada dos años” y advirtió que “pretender afirmar eso es descalificar el espíritu de la ley”. El interventor del Comfer sostuvo que “revisar las licencias cada dos años seria autoritario” y aclaró que “lo que dice la ley es cada dos años se va a revisar lo que se denomina el dividendo digital”.
El funcionario aseguró también que “el Poder Ejecutivo está dispuesto a abrir la discusión sobre este punto si es que quedaran dudas”. Mariotto expuso en el plenario en el plenario conjunto de las comisiones de Comunicación, Libertad de Expresión y Presupuesto que debaten el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Minutos más tarde, cuando tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, fue insultada por particulares. El jefe de Ceremonial de la Cámara logró desalojarlos en medio de forcejeos.
Para dar inicio a esta primera jornada, el oficialismo juntó a sus aliados y logró el quórum necesario para iniciar el debate de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el Poder Ejecutivo.
En su segunda intervención, después del mediodía, Mariotto expresó que “tiene que haber una ley de distribución de la pauta oficial” y que “las denuncias de calumnias e injurias también son fundamentales” en el debate de la Ley de Servicios Audiovisuales.
A su vez, planteó que la normativa impida que las cadenas de TV pueden emitir más del 30% de contenidos que no son de factura propia.