20 enero, 2012
En el día de ayer, el mundo en general y la comunidad IT en particular se vieron sorprendidos cuando el gobierno estadounidense a través del Departamento de Justicia, procedió al cierre del popular sitio de intercambio de archivos Megaupload, acusando a siete de sus integrantes de conspiración para cometer delitos, lavado de dinero y violación de derechos de propiedad intelectual (DPI) de terceros. Esto se suma a la controversia y subsiguiente protesta mundial respecto del proyecto de ley del Congreso de los EEUU conocido como SOPA por sus siglas en inglés (Stop Online Privacy Act).
Brevemente explicaremos ambas cuestiones. El proyecto SOPA propone una serie de medidas contra sitios web que ofrezcan productos que violen los derechos de propiedad intelectual, entre ellas el bloqueo por parte de los ISPs, el retiro de los resultados arrojados por los motores de búsqueda asi como la prohibición de publicar o brindar servicios de pagos electrónicos en tales sitios. En cuanto al cierre de Megaupload, a lo ya dicho en el primer párrafo podemos agregar que la acusación alega daños por la suma de 500 millones de dólares asi como una ganancia ilegal cercana a los 200 millones de la misma moneda.
¿Hay relación entre ambos puntos? Entendemos que si. De ser sancionado el proyecto SOPA, es lo que sucedería con cualquier sitio que supuestamente infringiera DPI. Lo verdaderamente preocupante son las posibles consecuencias de una acción de este tipo. Pérdida al derecho al debido proceso y al juez natural, daños y perjuicios a usuarios legítimos de los sitios cuestionados (algo que estamos viendo en Megaupload), menoscabo en la privacidad respecto de datos, cuestiones relativas a la seguridad en la navegación por Internet pérdida de confianza en el público respecto de las herramientas colaborativas, de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube (el llamado “cloud computing”) son solo algunas de ellas.
Para finalizar, creemos que este tipo de medidas o proyectos no contribuyen a que se respeten los derechos de quienes detentan DPI y se ven perjudicados por el accionar de ciertos usuarios. Es necesario que las partes en conflicto, la industria de contenidos, los grandes jugadores de Internet y los gobiernos en tanto representantes de los ciudadanos – usuarios lleguen a los consensos necesarios para legislar en la materia y balancear el respeto a los derechos de todos los involucrados.
Fernando Adrián García
Abogado (UADE – Buenos Aires, Argentina), Especialista en Derecho de la Alta Tecnologia (UCA – Buenos Aires, Argentina – tesina pendiente), Analista en Sistemas de Informacion (ISFDYT nro. 12 – La Plata, Argentina)
