24 junio, 2011
De acuerdo a información recogida por el portal CNET, los más populares proveedores de acceso a Internet (ISP), de Estados Unidos estarían a punto de sellar un importante acuerdo privado con distintas organizaciones de la industria de medios.
Mediante ese acuerdo, las proveedoras se comprometen a imponer penas, que incluyen la desconexión, a los usuarios que realicen descargas piratas.
En el pacto participan, del lado de las proveedoras, tres grandes: AT&T, Verizon y Comcast, por el otro lado, están las organizaciones de derechos de autor que nuclean a la industria de contenidos, la RIAA , la MPAA y otras.
La medida no es otra cosa que un calco de la malograda ley antipiratería “de los tres strikes” y consiste, en una primera instancia, en enviar un mail al usuario que haya realizado una descarga ilegal, “invitándolo” a que deponga su actitud, se trata de una advertencia. En caso de que el cliente reincida, nos lleva al segundo paso: la punición, en los hechos se trata de reducirle drasticamente la velocidad de conexión, lo cual no tiene otro sentido práctico que desalentar la descarga de grandes archivos. El tercer castigo es el más controvertido: la desconexión y rescisión unilateral del servicio.
Un aporte extra de este plan sería enviar a los usuarios díscolos a un programa de “reeducación” sobre ley de derechos de autor y creación de contenidos.
La gravedad del caso estriba en que se trata de un arreglo entre privados, no se trata de aplicar una legislación, ni de una órden impartida por algún juez y no está claro como intervendría el Estado. Aunque la gente del portal CNET parece tener una estimación al respecto: la Casa Blanca toleraría este plan, lo que significaría un apoyo tácito a la medida y por supuesto, un gran aval. Desde el sitio web norteamericano creen que se trata de la estrategia antipiratería “más potente, jamas implementada” en Estados Unidos.
Por su parte, desde Washington el discurso siempre ha sido que la defensa de la propiedad intelectual es importante para su economía, además de sus otras implicaciones.
Por otra parte, podría decirse que las empresas, dueñas legítimas del contenido, se transformarían nada menos que en juez y parte, pues son la parte damnificada y a la vez las que promueven los castigos, a través de sus organismos de derechos de autor.
Este acuerdo no puede generar más que polémica. Llegaría en momentos en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declara el acceso a Internet como un Derecho Humano, además, la legislación señera en estas cuestiones, la denomida ley Hadopi, en vigencia en Francia, con el aval de su presidente Nicolás Sarkozy, a demostrado nulos resultados prácticos para frenar las descargas ilegales. Habría que replantearse si no cabría pensar en otras soluciones, menos coercitivas de ciertas libertades, pero claro, estamos hablando de derechos de autor, por lo cual es un asunto que se vuelve delicado, donde acaban chocando los derechos de cada uno.
