29 diciembre, 2009
Literalmente desprotegidas al carecer de tecnología de punta, algunas de las principales instituciones del gobierno mexicano han sido vulneradas reiteradamente por hackers que trataron de colapsar la red gubernamental a lo largo del último año, según una investigación realizada por Milenio.com.
Dependencias como las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República informaron a ese medio haber sido blanco de ataques orquestados por delincuentes cibernéticos que intentaron y a veces lograron penetrar sus defensas para acceder a información clasificada, pese a que hay secretos de Estado en sus redes.
Incluso la Presidencia de la República aceptó no ser inmune y advirtió que el gobierno federal se encuentra en riesgo frente a un “arsenal de armas” virtuales en manos de bromistas así como la delincuencia común y organizada.
Además, en respuesta a distintas solicitudes de información realizadas a lo largo de un periodo de varios meses, distintas dependencias dieron cuenta de “incidentes” en los que piratas cibernéticos trataron y en ocasiones lograron superar sus firewalls con virus informáticos.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que tan sólo en mayo de 2009 registró un récord de 509 ataques a sus servidores, mientras que la Procuraduría General de la República admitió haber detectado una infección con el virus klif, un spyware capaz de retransmitir información de una computadora a otro usuario.
Asimismo, la Gobernación enlistó haber detectado en sus servidores los siguientes virus: Backdor.win32.Agent.sca, Word.win32.autorun.cww, worm.win32-autorun.dcm, Trojan.win32.Agent.ayck, IRC-Worm.win.32.small.bg y email-worm.win32.Brontok.q.
Por otro lado, la Presidencia de la República clasificó como reservada por 12 años toda la información referente a ataques a sus servidores, los más visitados dentro de todo el gobierno federal.
“Esta información se encuentra clasificada como reservada”, expuso la Presidencia, que se amparó en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Transparencia para negar los datos, bajo el argumento de que revelarlos “proporcionaría información respecto de las vulnerabilidades de la red institucional”.
