23 septiembre, 2009
Finalmente, los diputados franceses aprobaron el texto definitivo de la controvertida ley que sanciona las descargas ilegales de Internet, por 258 votos a favor y 131 en contra, y la nueva norma entrará en vigor a principios del año que viene.
Seis diputados votaron en contra, cinco se abstuvieron y 55 no participaron en la votación de la ley, conocida como HADOPI (nombre en francés de la Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet), que prevé que en el caso de una descarga ilegal identificada y reiterada se suspenda, tras dos advertencias y por decisión de un juez, el acceso a internet del usuario en cuestión.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, y el texto inicial otorgaba a la HADOPI, una estructura puramente administrativa, el derecho de suspender el acceso a internet en el caso de descargas ilegales identificadas y repetidas por parte de un internauta.
Luego de un caótico recorrido legislativo y de la oposición del Consejo Constitucional, instancia suprema que garantiza en Francia la constitucionalidad de las leyes, el nuevo texto ahora confía la decisión de la sanción a un juez, informó la agencia de noticias AFP.
Según Frederic Mitterrand, sobrino del difunto ex presidente socialista francés, Francois Mitterrand, que llegó a finales de junio al frente del ministerio de Cultura, y que heredó esta discutida ley, las sanciones “serán probablemente muy escasas porque creo en la eficacia de esta disuación”.
Por otro lado, el diputado y relator parlamentario de la gobernante Unión por un Movimiento Popular, Franck Riester, anunció que “las primeras advertencias” a los internautas que hagan descargas ilegales “se enviarán a principios del año próximo”.
En tanto, el partido socialista reiteró su intención de volver a llevar el texto ante el Consejo Constitucional, órgano que había declarado que el proyecto, en su primera redacción, no entraba en la Carta Magna.
Además de cortarle el acceso a Internet al usuario infractor, la ley contempla que durante la suspensión del servicio, la persona sancionada tiene que seguir pagando el abono, medida que el diputado socialista Patrick Bloche calificó de “escandalosa”.
