22 febrero, 2013
Desde que la administración Obama abrió un espacio en la Web denominado We The People, destinado a escuchar a los ciudadanos y responder a sus solicitudes, los resultados han ido desde lo absurdo hasta lo verdaderamente trascendente. Una de las primeras peticiones a las que debió responder el gobierno fue la de financiar y construir la Estrella de la Muerte de Star Wars, a lo que las autoridades se negaron de plano, como era de esperarse.
Sin embargo, el presidente Obama decidió continuar con la recepción de peticiones, aunque con una “pequeña” diferencia: se aumentó el mínimo de 25 mil firmas a 100 mil para que el gobierno considere el petitorio y emita una respuesta, favorable o no. De esta manera, se buscó filtrar aquellas solicitudes descabelladas que no contaban con el apoyo de gente suficiente, y también alojar la esperanza de no tener que responder a demasiados pedidos del pueblo norteamericano.
Pero el límite de 100 mil firmas no fue suficiente para detener una solicitud que podría resultar clave en la forma en que se desenvuelve el negocio de los operadores de telefonía celular, y fue superado por el petitorio creado el pasado 24 de enero por el usuario anónimo S.K., quien pidió que la liberación de teléfonos celulares sea legal. En la actualidad, luego de una decisión tomada por el Congreso en octubre de 2012, los usuarios no tienen el derecho legal de liberar sus teléfonos para utilizarlos en una empresa diferente a la contratada inicialmente.
El petitorio solicita que el Congreso apruebe una ley que declare la legalidad de liberar los teléfonos móviles para poder ser utilizados con cualquier carrier. De aprobarse dicha ley, el poder de los carriers se vería seriamente disminuido, ya que la imposibilidad de liberar los aparatos y el impedir la portabilidad numérica son las dos grandes herramientas que los proveedores de telefonía celular utilizan para mantener cautiva a su clientela.
En el otro extremo, y paradójicamente del mismo lado que los usuarios, se encuentran los fabricantes de móviles, que prefieren no depender de los carriers para poder renovar el parque de modelos a un ritmo mayor, lo que ahora se les dificulta ya que los usuarios encuentran reducidas sus opciones de compra, al estar limitados por la oferta de cada prestadora, y también sufren la depreciación del valor de reventa de sus equipos usados, con lo que se les dificulta efectuar el cambio por los modelos más nuevos.
Ahora, la Casa Blanca deberá emitir su respuesta. ¿Se declarará a favor de los usuarios, los carriers o los fabricantes de móviles? La respuesta oficial, sea cual fuere, marcará el futuro del negocio de la telefonía móvil durante los próximos años en los Estados Unidos, lo que tal vez también se extienda hacia el resto del mundo.
