3 julio, 2009
El nuevo proyecto de ley fue bautizado como Hadopi 2 y el senador ponente del texto ya presentó 15 enmiendas, algunas de las cuales contemplan multas de entre 1500 y 3750 euros para sancionar la piratería de contenidos protegidos en Internet.
La polémica ley será tratada nuevamente el próximo 8 de julio por la justicia francesa y en su nuevo texto también figura que la condena por realizar descargas ilegales sólo podrá ser sancionada por la decisión de un juez y no por la Alta autoridad administrativa (Hadopi) que le da el nombre a la norma.
Así, la Hadopi será la encargada de enviar al infractor un e-mail advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet del pirata informático porque el Consejo constitucional francés dictaminó que sólo un juez tiene potestad para ello.
Asimismo, otra de las novedades introducidas en la ley es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas ilegales de contenidos protegidos.
Otra de las enmiendas estipula que si un abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas ilegales, deberá pagar una multa de hasta 1.500 euros y “eventualmente” verse privado de su acceso a la red durante un máximo de un mes.
Si quiere evitar esta situación, el usuario titular podrá instalar un sistema en su computadora o equipos en red, para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso.
En caso de que se corte un acceso, el proveedor tendrá quince días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea también tendrá que avisar a la Alta autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de piratas “escrachados”.
Además, si el abonado al que se le cortó el servicio acude a otro operador de Internet para contratarlo de nuevo, se enfrentará a una multa de 3.750 euros, “Hasta ahora, el abonado se arriesgaba a multas de hasta 20.000 euros y dos años de prisión. Hemos querido por tanto suavizar la sanción“, explicó Michel Thiollière senador ponente del texto.
Por el momento todas las enmiendas fueron aceptadas por el Gobierno galo.
