10 febrero, 2010
El titular del Comfer, Mariotto, se mostró confiado en revertir la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien impidió la puesta en marcha de la norma hasta investigar si el tratamiento parlamentario que la sancionó estuvo viciado de nulidad o no.
Pese a los frenos judiciales, el Gobierno insiste con que está en vigencia la nueva Ley de Medios Audiovisuales. “Esto se concretó el pasado 10 de diciembre”, aclaró el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, aunque reconoció que “su aplicación fue suspendida por un recurso de amparo” que este miércoles el Ejecutivo apeló.
La jueza Pura de Arrabal fue la que dictó una medida cautelar que disponía la suspensión, haciendo lugar en diciembre a la acción de amparo del diputado nacional Enrique Thomas, del Peronismo Federal, quien adujo presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo.
“Hemos presentado el recurso a la jueza”, dijo Mariotto este miércoles y sostuvo que la vigencia de la sentencia de la magistrada mendocina “favorece” a aquellos que “no quieren bajo ningún aspecto que haya una ley de la democracia”.
De los cuatro amparos concedidos por diferentes jueces federales, el fallo de Pura de Arrabal fue el único que suspendió la vigencia de la norma, ya que los otros tres apuntaron a la inconstitucionalidad de diferentes artículos, entre ellos el que obliga a los grupos que superan el control de determinada cantidad de medios a desinvertir en un año.
La semana pasada se supo que la justicia federal notificó al Congreso y a la Casa Rosada que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no puede ser aplicada hasta que se esclarezca si el tratamiento parlamentario que terminó en su sanción estuvo viciado de nulidad o no.
La jueza federal de Mendoza del fuero Contencioso Administrativo Olga Pura de Arrabal hizo lugar a un recurso de amparo que había solicitado el diputado nacional cobista, que revista en el bloque del PJ Federal, Thomas.
El legislador había denunciado que la ley fue sancionada en un procedimiento con “graves e insanables vicios”. Entre otras irregularidades, Thomas destacó la violación al artículo 113 del reglamento de la Cámara baja que establece que para que un dictamen de comisión pueda ser debatido, deben transcurrir al meno siete días hábiles. Ese plazo no se respetó, y para el diputado fueron “vulnerados sus derechos como legislador”.
¿Cómo seguirá la novela?
