27 enero, 2010
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria de licitación para dos entramados de fibra óptica pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales podrán ser utilizados por particulares durante un periodo inicial de 20 años, con la posibilidad de renovarse por 10 más, para prestar servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo al portal La Jornada, el anuncio de la licitación reviste aspectos por demás cuestionables, tanto en la forma como en el fondo.
Así, según esta fuente, no pueden pasarse por alto los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas y el entorno político, social y académico que apoya su causa, de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) obedeció a un designio por privatizar los más de mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica operados por esa entidad distribuidora de energía –los cuales, por cierto, pasaron a manos de la propia CFE– y para favorecer con ello intereses corporativos cercanos al poder político.
Con esas consideraciones en mente, resulta inaceptable que las autoridades federales se empeñen en sostener que la extinción de ese organismo público descentralizado obedeció exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan sistemáticamente informar sobre las implicaciones de dicha decisión sobre un bien público que, según puede verse, representa una jugosa oportunidad de negocio para particulares nacionales y extranjeros, informa La Jornada.
Asimismo, desde esta página web señalan que el anuncio pone de relieve una falta del sentido nacional del grupo en el poder, el cual se ha dado a la tarea de promover la cesión de parcelas de soberanía a la propiedad privada local o extranjera, sin reparar en las consecuencias que ello puede tener.
En el caso de las telecomunicaciones, el empeño por colocar parte de la infraestructura estratégica de ese sector bajo el dominio de particulares implicará poner a disposición del mejor postor un elemento fundamental de control territorial y de seguridad nacional.
Por otro lado, en las bases de licitación, página 25 fracción c.3.2) del tema jurídico, se establece textualmente: “las personas morales deberán encontrarse constituidas conforme a la legislación mexicana y que dentro de su objeto social se contemple el de instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones, con una duración restante de al menos 50 (cincuenta) años, a partir de la presentación de la documentación”.
Como se sabe, Iusacell y Telcel han buscado la renovación de sus concesiones sin resultados positivos, lo que significa que no cumplen con este requisito, independientemente de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones les permitiera hacerlo. Por lo demás, no se sabe si las empresas del ramo tienen una concesión por 50 años, menos las nuevas interesadas. Falta claridad en este tema.
Finalmente, en el contrato de Uso y Aprovechamiento se señala que el usuario de la fibra oscura deberá cubrir los daños que pudieran ocasionarse y presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil por daños, perjuicios y daño moral vigente durante “todo el tiempo de vida del contrato” y, curioso, si se realiza algún trabajo en la infraestructura de la CFE para la interconexión, “deberá firmar invariablemente un Contrato Colectivo de Trabajo” con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) que encabeza Víctor Fuentes.
