22 marzo, 2019
La capacidad para transmitir video online con una inversión de hardware mínima pude calificarse como un avance democratizador en los medios. Sin embargo, como ha quedado demostrado por los atentados en Nueva Zelanda, en ocasiones la falta de control y responsabilidad sobre el material produce espantosos resultados.
Otro caso reciente, aunque mucho menos trágico, es el ocurrido en Corea del Sur. Dos hombre han sido arrestados acusados de transmitir fiestas privadas íntimas sin el consentimiento de los participantes.
Los videos eran comercializados a través de un sitio web y un sistema de suscripción.
Los acusados habían escondido cámaras en 30 moteles en más de 10 ciudades. Las cámaras tenían lentes de un milímetro y podían ser escondidas fácilmente en una gran cantidad de ubicaciones. Para ocultar la dirección IP real de los usuarios de las cámaras se utilizaron servidores en el extranjero.
Más de 800 videos fueron subidos al sitio y unas 1.600 personas resultaron víctimas de esta invasión a la privacidad. En tres meses de actividad los delincuentes habrían obtenido una modesta suma de USD 6.200.
Un problema importante
Corea del Sur tiene un serio problema con las cámaras espías utilizadas para invadir la privacidad de las personas. Durante 2018 unos 6.800 casos vinculados a este tipo de delitos fueron reportados. Como es usual se estima que una cantidad mucho mayor no ha sido detectada.
En Septiembre de 2018 el gobierno anunció que asignaría 8 mil empleados a la inspección de más de 20 mil baños públicos.
Las leyes surcoreanas prevén una multa de USD 26.500 o hasta 5 años de prisión para quienes filmen videos íntimos de otras personas sin el debido consentimiento. Aún cuando la persona acceda a ser grabada la distribución puede ser penada de la misma manera.
