1 abril, 2019
Una nuevo proyecto de ley en Australia busca endurecer los castigos para las empresas dedicadas a las redes sociales y sus dirigentes si no remueven el contenido violento a tiempo. En el caso de las organizaciones la falta podría suponer hasta el 10% de sus ingresos y para los ejecutivos hasta 3 años en prisión.
El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, señaló: “Las grandes compañías tienen una responsabilidad para tomar toda acción posible de forma tal que los productos tecnológicos no sean utilizados por asesinos terroristas. No debería ser una cuestión de hacer lo correcto, debería ser la ley”.
El gobierno ha señalado que se ha reunido con las compañías de medios en Internet, incluyendo Facebook, pero los resultados de las reuniones no han sido satisfactorios. Según el ministro de comunicaciones, Mitch Fifield, “No presentaron ninguna solución inmediata a los horrores ocurridos en Christchurch”.
Posibilidades y medidas de precaución
Los ataques producidos en Nueva Zelanda parecen haber tenido una repercusión especial en Australia. Unas 50 personas fueron asesinadas en dos mezquitas, y uno de los ataques fue transmitido en vivo a través del servicio de video de Facebook.
El problema es que las soluciones que Australia busca pueden no ser tan sencillas de producir. Luego de los ataques varias redes sociales se pusieron en campaña para remover cualquier copia de la transmisión, conscientes del problema que suponía su presencia a nivel legal y como imagen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos la destrucción de todo rastro de la grabación resulto prácticamente imposible.
Facebook está estudiando establecer límites de acceso para su servicio de transmisión en vivo basados el comportamiento de los usuarios.
