9 febrero, 2011
En el Senado, cabilderos de Telefónica Movistar que dirige el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, iniciaron los acercamientos con legisladores para reactivar el debate sobre una reforma que permitiría hasta 100% de inversión extranjera en telefonía fija en el país.
Según Andrés Coello, asesor del Grupo BBVA en el sector de Telecomunicaciones y Medios, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones (PRI), y el coordinador del grupo económico del PAN, Juan Bueno Torio, ofrecieron su respaldo a las reformas a las leyes de Inversión Extranjera y Federal de Telecomunicaciones.
En ese sentido, una de las modificaciones solicitadas es que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor que 49% en la prestación de los servicios de telefonía celular, telefonía fija e Internet, con la condición de que se establezca la cláusula de reciprocidad.
Con esa estipulación, México condicionaría la apertura de inversión extranjera en telefonía fija e Internet, sólo cuando los inversionistas garanticen que en su país también habría acceso a la inversión mexicana en telecomunicaciones en condiciones similares.
Cabe recordar que en noviembre del 2008, en la Cámara de Diputados se aprobó en comisiones la reforma a la fracción IX al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera que permitía que empresas extranjeras participen “en un porcentaje mayor que 49%” en el rubro de telefonía celular, telefonía fija e Internet, pero quedó detenido en el pleno.
En entrevista con El Economista, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo (PRD) aseveró que la participación extranjera mayor a 49% en la prestación de los servicios de telefonía celular, telefonía fija e Internet, generaría mayor competencia económica en México.
El legislador advirtió que son necesarias dos condiciones para evitar que la española Movistar sea la única empresa beneficiada: que se garantice la cláusula de reciprocidad y la conversión tecnológica plena.
Sotelo también dijo que el PRD no se opondrá a estas reformas, siempre y cuando se garanticen esas dos condiciones, pues el dictamen fue construido por la empresa española.
