21 diciembre, 2010
La Asamblea Nacional de Venezuela reformó ayer la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), para establecer regulaciones sobre los contenidos en internet y el sector de las telecomunicaciones, que ahora pasa a prestar un “servicio público”.
La modificación de la Ley Resorte había sido solicitada por el director general de la Conatel, Pedro Rolando Maldonado, para incluir a la red de redes entre los medios regulados.
Las reformas fueron aprobadas en menos de una semana en una primera y segunda discusión por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, y el texto debe ser ratificado por el presidente Hugo Chávez y publicado en Gaceta Oficial para entrar en vigencia.
Algunos de los argumentos esgrimidos para llevar a cabo los cambios en la Ley sostienen que en Internet círcula una gran cantidad de información que es recibida sin regulación en cuanto a su contenido, y también se habló de proteger a los menores de edad y de marcar horarios que deberían ser supervisados por las autoridades.
En concreto, la nueva normativa declara “como servicio público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones”.
Además, prohibe la inversión extranjera “para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias sin fines de lucro y producción nacional audiovisual”.
Asimismo, en los medios audiovisuales será sancionada la difusión de mensajes que pudieran “hacer apología del delito”, “fomentar zozobra en la ciudadanía” o los destinados a “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas” en páginas web venezolanas.
Por otro lado, los administradores de estos sitios “serán responsables por la información y contenidos” publicados en ellos, y fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a internet.
Ante la aprobación de la Ley Resorte, la oposición señaló que “es absolutamente violatoria de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país“.
Sin embargo, desde el gobierno aseguran que con la reforma aumentarán las protecciones a los ciudadanos, la purificación de los bloques de horarios de radio y televisión, y la inclusión de proveedores de servicios de Internet y medios alternativos, sin limitar el acceso a los contenido en la red de información.
