7 octubre, 2010
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que concluyó la primera parte sustantiva de negociación del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), cuyo objetivo es reunir a los países interesados en combatir la falsificación y la piratería.
El ACTA es un tratado internacional que busca combatir la proliferación de productos falsificados o piratas y otras prácticas ilegales, fue propuesto en el año 2006 por Japón y Estados Unidos y hoy participan 37 países en sus discusiones, entre ellos México, que es el único país latinoamericano.
Según Jorge Amigo Castaneda, director del IMPI, el ACTA obedece a la necesidad de los diferentes agentes económicos de elevar los mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Un punto importante a destacar es que el ACTA considera que, de acuerdo con las leyes nacionales, se establezcan procedimientos para la protección de los derechos de la propiedad intelectual en el entorno digital.
Después de su publicación, deberán pasar 90 días de consulta entre los sectores involucrados y público en general, y una vez que pase a la fase de revisión legal, el Senado de la República se encargará de su estudio y posible ratificación, si se considera benéfico para el país.
Por ahora, México mantiene algunas reservas respecto al ACTA, pues existen disposiciones en materia de aduanas y de ambiente digital que deben someterse a consulta para su aplicación en el país.
No obstante, Amigo Castaneda señaló que el texto negociado ya no podrá ser modificado, de modo que el Senado de la República deberá aprobarlo o rechazarlo tal como está.
Ayer miércoles, antes de la votación del acuerdo, algunos senadores aprobaron un punto de acuerdo para pedirle al gobierno federal que suspenda la negociación del ACTA, ya que éste busca sobreregular el contenido de Internet, así como el acceso a la información y al conocimiento.
El legislador perredista Carlos Sotelo García señaló que en México, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías puede reducirse si el gobierno mexicano suscribe dicho acuerdo.
