7 diciembre, 2018
Australia parece haber tomado los peores ejemplos que podía encontrar y puesto sus ojos en prácticas similares a las realizadas en países como China. Es así que recientemente se ha convertido en ley una propuesta que le permitiría al gobierno actuar contra los sistemas de encriptación de datos.
Se conoce como la Ley de Acceso y Asistencia. Esta legislación supone multas de hasta USD 7,3 millones para las compañías que no accedan a las demandas estatales. Estas demandas se resumen en tres tipos de peticiones:
La primera está relacionada con la asistencia técnica. El gobierno puede solicitar que los proveedores de comunicaciones utilicen tecnología de intercepción de la que ya dispongan.
La segunda es la de capacidades técnicas. En este caso los proveedores de comunicaciones deben crear nuevos medios de intercepción para cumplir con las demandas de asistencia técnica.
El tercer tipo es la de asistencia técnica. En este caso son pedidos de colaboración voluntaria que las empresas pueden rechazar.
El punto que más polémica ha generado es el de las demandas de capacidades técnicas. La razón es que las compañías se verían obligadas a crear herramientas tales como las puertas traseras. Esto afectaría a todos los usuarios sin importar que exista una investigación justificable sobre ellos.
La ley fue votada con cierta urgencia para suministrar herramientas de investigación al gobierno. Se acordó que a principios de 2019 se realizarían ciertas correcciones sobre el acceso a los mensaje encriptados. Sin embargo, el Fiscal General, Christian Porter, señaló que todo dependía de sí esas correcciones reflejaban las recomendaciones realizadas por los comités de inteligencia y seguridad.
