21 julio, 2015
Avanza un nuevo en proyecto en la Cámara de Diputados para la ampliación de la ley anti-discriminatoria vigente. Esta nueva actualización busca regular los comentarios publicados en Internet, teniéndolos en cuenta como pruebas si se denuncian como discriminatorios.
Dentro de esta regulación las páginas web, los blogs, las redes sociales, las agencias de noticias, los medios de prensa, los diarios online, las revistas electrónicas y otros medios digitales deberán controlar los comentarios de sus usuarios, serán responsables por los mismos y estarán obligados a “incitar” a sus lectores para que eviten todo tipo de discriminaciones.
Detrás de este proyecto se encuentran los legisladores del FPV Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. Cabe destacar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya había remarcado su “preocupación” sobre la regulación de los comentarios en Internet porque, en caso de ser controlados como dicen los textos propuestos, “se pasan por alto estándares vinculados a la libertad de expresión”.
Este proyecto también contempla una nueva figura penal que considera penas de un mes hasta tres años por actos discriminatorios. Si bien la idea es completamente entendible y necesaria, las imprecisiones en su redacción actual permiten que se manejen criterios difusos a la hora de castigar a los discriminadores, especialmente cuando se habla en el ámbito de la libertad de expresión.
“Un marco difuso de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada, ya que ningún medio de comunicación o plataforma de contenidos web querrá asumir el riesgo de ser acusado civil o penalmente por la mera defensa de los comentarios de sus usuarios”, le afirmó a La Nación la secretaria de la Fundación Vía Libre (entidad dedicada a la difusión de los derechos en la era digital), Beatriz Busaniche.
“La amplitud en la definición de contenidos discriminatorios, la incorporación de plataformas y servicios de Internet, la inclusión de tipos penales y la no definición clara de intermediarios nos llevan a concluir que el proyecto de ley antidiscriminación colisiona con los principios de proporcionalidad indispensables en toda regulación sobre el discurso público. El texto de la ley tal como está expresado actualmente no parece ser la solución apropiada frente a la problemática de la discriminación y el discurso de odio. Más bien, se constituye en una amenaza clara a la libertad de expresión”, finalizó Busaniche.
Fuente: LaNación
