8 octubre, 2014
Las redes sociales se han visto perjudicadas por las acciones del gobierno estadounidense. El escándalo de la NSA solo ha servido para crear un clima de desconfianza y desprestigio para varias de estas empresas. No extraña entonces que las compañías comiencen a contra atacar por la vía judicial. Twitter ha iniciado acciones legales contra el gobierno de los Estados Unidos señalando que su libertad de expresión, protegida por la primera enmienda de la constitución de dicho país, se ve vulnerada por la imposibilidad de revelar los pedidos hechos por las agencias de seguridad.
Today we’re taking legal action to provide more #transparency to our users about requests from the US government. https://t.co/hyY4Ui3dDH
— Twitter (@twitter) octubre 7, 2014
Actualmente la empresa puede señalar la cantidad de pedidos que recibe en rangos amplios. Twitter espera poder ser más específico en dichos números y también señalar que tipo de órdenes no ha recibido. El pedido de la compañía señala: Deberíamos ser libres para hacer esta tarea en una forma significativa. Cuando el gobierno irrumpe en lo que decimos, la primera enmienda exige que lo haga con los mayores límites posibles. El gobierno no ha cumplido con esta obligación.
Las empresas del sector tuvieron que presionar al gobierno para que en 2013 se les permitiera revelar datos sobre los pedidos de información. El acuerdo fue firmado con la participación de Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft y Yahoo. Aunque las reglas aplican a Twitter, la empresa ha decidido demostrar su inconformidad con las limitaciones que supone.
Twitter ha publicado un reporte de transparencia que incluye los datos que tiene permitido revelar. Pero también ha señalado que tiene una versión más completa y precisa de dicho documento que espera poder revelar. La empresa ha señalado que intentó obtener la aprobación para publicar informes más completos pero sus pedidos nunca obtuvieron resultados.
Aún siendo una posibilidad remota, si las acciones legales de Twitter fueran a prosperar, las restricciones en los reportes serían declaradas inconstitucioneales. Todas las compañías podrían publicar reportes más detallados sobre los pedidos del gobierno.
