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EEUU no le dice al Gobierno español qué pasó con los archivos de Megaupload


Una de las mayores incógnitas sobre el caso Megaupload es ¿qué hizo el FBI con los archivos almacenados en los servidores luego del allanamiento? Particularmente, en el caso de aquellos usuarios que pagaban por el servicio y que podrían haber perdido información legítima y valiosa.

Es una pregunta que el legislador español Alberto Garzón se ha tomado muy en serio, y por ese motivo elevó una solicitud parlamentaria para que el Gobierno Español averigüe qué pasó con los archivos incautados: “¿Piensa el Gobierno tomar las medidas oportunas para, siguiendo lo expresado por las organizaciones de consumidores y de usuarios de Internet, garantizar que el Gobierno de EEUU y, más concretamente, el FBI, devuelve los datos privados a sus propietarios originales?”. 

Para este diputado del partido Izquierda Unida, el cierre de Megaupload afectó “a miles de ciudadanos españoles que tenían albergados todo tipo de contenidos privados en los servidores de la mencionada empresa” y que como consecuencia de ello, manifestó gran preocupación porque “en estos momentos una institución policial estadounidense –FBI- tiene a su plena disposición información sensible de ciudadanos españoles”.

Pocos días después, un representante del Poder Ejecutivo español informó al Parlamento sobre los resultados de su cuestionamiento a las autoridades norteamericanas: “se informa que consultada la Agencia de Protección de Datos sobre este asunto, ha comunicado que se ha solicitado información a la US Federal Trade Commission sobre los archivos de particulares españoles almacenados en los servidores intervenidos, sin que por el momento se haya obtenido respuesta”.

Si ni siquiera se pudo obtener una respuesta a nivel gubernamental, consideramos casi imposible que los más de 27 millones de usuarios individuales del servicio de Megaupload recuperen sus archivos o al menos les informen qué hicieron con ellos. Incluso es muy probable que en este momento ya hayan sido borrados, si no servían como elementos de prueba para la Justicia de los EEUU.

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